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Derecho bancario

DERECHO BANCARIO.

  1. DERECHO BANCARIO, CONCEPTO. FUENTES DEL DERECHO ESPAÑOL Y COMUNITARIO.
  • 1. LA ACTIVIDAD BANCARIA.

La actividad bancaria es aquella actividad financiera que realizan ciertas empresas especializadas (las entidades de crédito), sometiéndose a los principios de tipicidad y habitualidad, consistente en:

 

  1. La captación de fondos del público, en forma jurídica de depósito, préstamo u otros contratos que comportan la obligación de su restitución.

 

  1. El empleo de los fondos así conseguidos en la concesión de créditos por cuenta propia.
  • 2. CONCEPTO DEL DERECHO BANCARIO.

El Derecho bancario es el conjunto de normas jurídicas que regulan los intermediarios y las operaciones típicas del mercado bancario. Concretamos:

  • Intermediarios: son:

 

  • Las entidades de crédito.
  • Los establecimientos financieros de crédito.
  • Los establecimientos de cambio de moneda.
  • Otros intermediarios típicos del mercado bancario.

 

  • Operaciones bancarias: se instrumentan a través de los contratos bancarios. Tradicionalmente, operaciones y contratos se han clasificado en 3 categorías:

 

  • Las operaciones pasivas o de captación de depósitos.
  • Las operaciones activas o de préstamos y créditos.
  • Las operaciones neutras o servicios bancarios.

Por tanto, el Derecho bancario es una parte del Derecho objetivo y tiene 2 dimensiones fundamentales:

 

  • Dimensión institucional.

 

Porque regula el estatuto profesional de los intermediarios en el mercado bancario. Es decir, regula los aspectos externos, mediante los cuales dicha empresa establece relaciones de negocio con los clientes o con otras empresas bancarias.

 

  • Dimensión funcional.

 

Porque regula la actividad bancaria a través de las operaciones y los contratos bancarios. Es decir, regula los aspectos internos, propios de la gestión de la empresa bancaria.

  • 3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO BANCARIO.
  • Es un Dº informativo o económico.

 

Trata de reunir cuantas normas regulen un segmento del mercado financiero, cual es el mercado bancario.

 

Goza de una autonomía meramente técnica, que no es comparable con la autonomía que se predica de las ramas tradicionales del Dº público o privado, como el Dº civil o el Dº mercantil.

 

  • Tiene un contenido heterogéneo.

 

Agrupa normas de Dº público y normas de Dº privado. Así:

 

  • Las normas que regulan el aspecto institucional del estatuto de los intermediarios del mercado bancario son normas de Dº administrativo.

 

  • Las normas sobre contratación bancaria son normas de Dº mercantil.
  • Está masificado.

 

En él se recurre con frecuencia a contratos tipo, formularios y a la utilización de mecanismos jurídicos complejos. Ello ha de tenerse en cuenta a la hora de apreciar las normas sobre las condiciones generales de la contratación y sobre la protección del consumidor.

 

  • Sus normas tienen un carácter acusadamente técnico.

 

Ello se debe a que las disposiciones que lo integran son, en muchas ocasiones, de carácter concreto, puesto que regulan aspectos restringidos de la actividad y coyunturales, ya que pretenden satisfacer necesidades circunstanciales. Por ello, las normas de Dº bancario suelen tener una vigencia efímera y dan lugar a un notable grado de inseguridad jurídica.

 

 

Obedece a:

 

  1. La expansión de los intercambios comerciales y bancarios entre naciones.

 

  1. El desarrollo de los mercados internacionales de capitales.

 

De ahí que las reglas comunes elaboradas por instituciones internacionales, como la Cámara de Comercio Internacional, establezcan prácticas uniformes.

  • 4. FUENTES DEL DERECHO BANCARIO.

1.4/1.      Fuentes del Derecho bancario comunitario.

  • Principios generales.

Destacamos la importancia del Dº comunitario bancario por:

 

  1. Su primacía sobre los Derechos de los distintos Estados miembros.

 

  1. El contenido de las Directivas bancarias sirve de pauta para armonizar los Derechos bancarios de los Estados comunitarios, estableciéndose unos mínimos comunes denominadores para éstos.

 

Desde el punto de vista formal, las normas de Dº bancario comunitario adoptan la forma de Directivas, que son normas que imponen a los Estados miembros los mínimos armonizadores a conseguir, dejando que cada Estado elija la forma y los medios par conseguir la incorporación de los principios comunitarios en su ordenamiento, a través de normas legales o reglamentarias.

 

Desde el punto de vista sustancial, la regulación del mercado único bancario fue difícil porque:

 

  1. La actividad bancaria tiene aspectos vinculados con la política monetaria y ello está vinculado a la soberanía estatal.

 

  1. La actividad bancaria ha estado sometida a un control nacional estricto, y con el mercado único bancario se exige el establecimiento de mecanismos que permitan el control supranacional.

 

La construcción del mercado único bancario se asienta sobre el pasaporte o licencia bancaria única, que permite a las entidades de crédito autorizadas por un Estado miembro actuar en los restantes Estados comunitarios mediante el ejercicio de:

 

  • La libertad de establecimiento, a través de la implantación de sucursales, que deben gozar de un principio de asimilación con las entidades de crédito del Estado miembro de acogida y no pueden ser discriminadas.

 

  • La libre prestación de servicios, con lo que se podrán realizar determinadas operaciones bancarias en otro Estado miembro sin necesidad de establecerse en el mismo.
  • Directivas sobre el acceso a la actividad bancaria y su ejercicio.

Regulan aspectos generales de la profesión bancaria. Destacamos:

 

  • Directiva 73/183/CEE, sobre supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento y prestación de servicios de las entidades de crédito. Su objetivo principal consistió en armonizar las condiciones que dichas entidades debían acreditar para obtener la autorización.

 

  • Directiva 77/780/CEE, sobre el acceso y ejercicio de las actividades de las entidades de crédito. Su objetivo fue eliminar las discriminaciones por razón de la nacionalidad de las entidades de crédito.

 

  • Directiva 89/646/CEE, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito. Estableció las bases del pasaporte bancario o licencia única.

 

  • Directiva 2000/12/CE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio. Refunde y ordena los presupuestos y efectos del pasaporte comunitario en materia bancaria.

 

  • Directiva 2000/46/CE sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico.
  • Directivas sobre aspectos específicos de la actividad de las entidades de crédito.

Se trata de:

 

  • La vigilancia de las entidades de crédito sobre la base de su situación consolidada, es decir, teniendo en cuenta la situación de los grupos bancarios.

 

  • La contabilidad de las entidades de crédito.

 

  • La solvencia de las entidades de crédito.

 

  • Los sistemas de garantía de los depósitos que la clientela realiza en las entidades de crédito.

 

  • El saneamiento y la liquidación de las entidades de crédito.

1.1/2.      Fuentes del Derecho bancario español.

  • Fuentes materiales y formales.

Las fuentes formales son fuentes de manifestación del Dº bancario.

 

Por otro lado, las fuentes materiales son fuentes de producción, entre las que distinguimos:

 

  • El Estado central.

 

  • 1- Las Cortes Generales, que pueden producir Leyes en materia bancaria.

 

  • 2- El Gobierno, que elabora Reglamentos en forma de Reales Decretos en materia bancaria.

 

  • 3- El Ministro de Economía, que desarrolla los Decretos precedentes mediante sus Órdenes Ministeriales.

 

  • 4- El Banco de España, que ostenta una facultad normativa propia a través de sus Circulares.

 

  • Las Comunidades Autónomas.
    • La Constitución de 1978.

Es una de las fuentes formales del Dº bancario. Determina la estructura del Dº bancario desde 2 puntos de vista:

 

  • El modelo económico de economía de mercado.

 

Este modelo reconoce la libertad de empresa, tanto pública como privada, lo que determina que la actividad bancaria sea una actividad privada sometida a control público.

 

  • El modelo territorial.

 

Identifica los centros de poder con capacidad normativa creadora, lo que supone un reparto de competencias que afecta a la materia bancaria:

 

  • El Estado central basa su competencia en las materias atribuidas a su competencia exclusiva por el Art. 149.1 CE, como la legislación mercantil o el sistema monetario.

 

  • Las CCAA pueden asumir competencias conforme al Art. 148.1 CE sobre determinadas materias que den pie a su intervención bancaria, como las ferias interiores.

La existencia de este modelo de reparto de competencias ha desembocado en un conjunto de conflictos jurídicos que ha debido resolver el TC, en cuyas STCs ha fijado 3 criterios fundamentales:

 

  1. El Estado no puede determinar con absoluta libertad el carácter básico o no de una determinada norma, sino que dicha atribución debe realizarse conforme a los criterios establecidos en la CE, por lo que el TC ostentará la facultad de revisarla.

 

  1. Es establecimiento por parte del Estado de las bases del crédito no puede desembocar en un vaciamiento de competencias normativas de las CCAA que las tengan asumidas.

 

  1. El Estado debe tener competencias para la ordenación básica del sistema financiero mediante una legislación mercantil única, para lograr así una unidad esencial del orden económico o del mercado.
    • Las normas legales y reglamentarias.

Agrupamos las normas vigentes en 2 categorías:

  • Normas sobre la estructura de sujetos del mercado bancario.
  1. Norma que regula la entidad supervisora del mercado bancario:

 

Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España, que regula la naturaleza, régimen jurídico, y funciones del Banco de España.

 

  1. Normas que regulan los intermediarios del mercado bancario.

 

  • Intermediarios con carácter general.

 

  • 1- Ley de 31 de diciembre de 1946 de Ordenación Bancaria, parcialmente vigente, que define qué se entiende por el comercio de banca privada.

 

  • 2- Ley 2/1962 sobre las bases de ordenación del crédito y de la banca, parcialmente vigente.

 

  • 3- RDL 1298/1986, por el que se adaptan las normas legales de entidades de crédito al ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea.
  • 4- Ley 26/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito (LDIEC), regulando, entre otras cosas, el régimen disciplinario, el ejercicio de actividades y las medidas de intervención y sustitución.

 

  • 5- Ley 3/1994, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la 2ª Directiva de Coordinación Bancaria.

 

  • Determinadas categorías de intermediarios.

 

  • 1- Entidades de crédito: RD 1245/1995 sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito.

 

  • 2- Cajas de ahorro: Ley 31/1985 de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorro (LORCA).

 

  • 3- Cooperativas de crédito: Ley 13/1989 de Cooperativas de crédito.

 

  • 4- Instituto de Crédito oficial: RDL 12/1995 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.

 

  • 5- Establecimientos financieros de crédito:

 

  • Ley 3/1994, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la 2ª Directiva de Coordinación Bancaria.

 

  • RD 692/1996, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

 

  • 6- Sociedades de garantía recíproca: Ley 1/1994, sobre el régimen jurídico de dichas sociedades, que deben ser autorizadas por el Ministerio de Economía e inscritas en un registro especial del Banco de España.
  • Normas que regulan el funcionamiento y la contratación en el mercado bancario.
    1. Código Civil y Código de Comercio.

 

  1. Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
  2. Disposiciones dirigidas a la defensa de la clientela a través de la máxima transparencia de las condiciones en que se realizan los contratos bancarios:

 

  • 1- Ley 26/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito (LDIEC), regulando, entre otras cosas, el régimen disciplinario, el ejercicio de actividades y las medidas de intervención y sustitución.

 

  • 2- Circular 8/1990 del Banco de España a entidades de crédito sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela.

 

  1. Normas específicas de rango legal y reglamentario que afectan a determinados sectores.

 

  • 1- Ley 7/1995 de Crédito al Consumo.

 

  • 2- Ley 2/1994 sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

 

  • 3- Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.
  1. ENTIDAD DE CONTROL DEL MERCADO: EL BANCO DE ESPAÑA. FUNCIONES.
    • 1. REGULACIÓN.

El régimen jurídico del Banco de España (BdE) está contenido en:

  1. Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España (LABE), modificada por la Ley 12/1998.

La principal característica del régimen establecido por esta Ley es la consolidación de la autonomía del Banco de España, que era exigida por el Tratado de la UE.

 

 

 

 

 

Dicha autonomía tiene 2 tipos de consecuencias:

 

  • Consecuencias funcionales.

 

Consisten en que:

 

  • El Tesoro Público no puede incurrir en descubiertos en su cuenta en el BdE, ni siquiera de carácter transitorio.

 

  • El BdE no puede adquirir directamente del Tesoro valores emitidos por éste, aunque pude efectuar operaciones en el mercado de la Deuda Pública.

 

  • Consecuencias estructurales.

 

Consisten en que:

 

  • El BdE no está sometido a las instrucciones del Gobierno o del Ministro de Economía.

 

  • El mandato del Gobernador es relativamente largo y no renovable, quedando tasadas las causas de su posible cese.

La LABE se compone de 3 capítulos:

 

  1. Naturaleza y régimen jurídico.

 

  1. Finalidades y funciones, dividido en 4 secciones:

 

  1. Política monetaria.
  2. Operaciones exteriores.
  • Servicios de Tesorería y Deuda Pública.
  1. Medios y sistemas de pago.

 

  • Órganos rectores.
    1. Reglamento interno del Banco de España, aprobado por resolución del Consejo de Gobierno del Banco de 28 de marzo de 2000.

Es la norma interna básica y de más alto rango de la organización y funcionamiento del BdE, de manera que ninguna disposición emanada de los órganos rectores y de dirección o de las personas con facultades normativas del BdE podrá contradecir o modificar sus preceptos. Su modificación queda reservada al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión Ejecutiva.

El Reglamento se integra por 4 Capítulos:

 

  1. Estatuto del BdE.

 

  1. Órganos rectores: Gobernador, Subgobernador, Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva.

 

  • Órganos de dirección: Directores Generales y comisiones internas de coordinación.

 

  1. Estructura orgánica: divisiones y direcciones generales, Secretaría General, servicios dependientes y oficinas territoriales.
    • 2. NATURALEZA.

El BdE es una entidad de Dº público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada que, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, actúa con autonomía respecto a la Administración General del Estado. Desempeña  funciones con arreglo a lo previsto en su Ley de Autonomía y en el resto del ordenamiento jurídico.

 

Como parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), está sometido a las disposiciones del Tratado constitutivo de la CE y a los Estatutos del SEBC. Por ello, en el ejercicio de las funciones que se derivan de esta condición, se ajustará a las orientaciones e instrucciones del Banco Central Europeo, y en cuanto actúe como miembro del SEBC, ni el Gobierno ni ningún otro órgano nacional o comunitario podrá dar instrucciones al BdE ni éste podrá aceptarlas.

  • 3. RÉGIMEN JURÍDICO.

El régimen jurídico aplicable depende del tipo de funciones que desarrolle:

 

  1. Si actúa en eje ejercicio de potestades administrativas que le son concedidas, queda sujeto a lo establecido en la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al resto de normas de desarrollo reglamentario.

 

  1. En sus otras actuaciones, queda sometido al ordenamiento jurídico privado (art. 1.2 Ley 13/1994).

En el régimen de impugnación de la actividad del BdE distinguimos entre:

  • Los actos.

Diferenciamos 2 categorías:

 

  • 1- Los actos administrativos que dicte en el ejercicio de sus funciones de política monetaria o de emisión de billetes, y las sanciones que se impongan como consecuencia de tales funciones: pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

  • 2- Los restantes actos administrativos que dicte en el ejercicio de otras funciones, y las sanciones que imponga: serán susceptibles de recurso ordinario ante el Ministro de Economía.
  • Las disposiciones generales.

Serán susceptibles de impugnación directa anta la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la posible competencia del TJCE.

  • 4. RÉGIMEN ECONÓMICO.

El régimen económico BdE se rige por lo establecido en el art. 4 LABE, y se basa en 2 documentos:

  • El presupuesto.

Constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que pueda reconocer la entidad durante el ejercicio correspondiente, cuyas dotaciones se presentarán clasificadas en 2 grupos:

 

  • Los gastos de funcionamiento.
  • Las inversiones.

 

La propuesta de presupuesto, aprobada por el Consejo de Gobierno, será remitida al Gobierno, que la trasladará a las Cortes Generales para su aprobación.

  • Las cuentas anuales.

Comprenderán:

 

  • 1- El balance.
  • 2- La cuenta de resultados.
  • 3- La memoria explicativa.

El procedimiento para su aprobación es el siguiente:

 

  • El proyecto de cuentas anuales será elaborado por el departamento de régimen interior, que lo presentará a la Comisión Ejecutiva.

 

  • Posteriormente se someterá al Consejo de Gobierno, que las formulará.

 

  • Después las elevará al Ministro de Economía para su aprobación por el Gobierno.

 

  • El Gobierno las remitirá, junto al balance y las cuentas de ejercicio, a las Cortes Generales para su aprobación.

Se establece un triple sistema de control de las cuentas del BdE:

 

  • La censura del proyecto de cuentas anuales por una comisión formada por 3 miembros del Consejo de Gobierno.

 

  • La auditoría externa independiente, de acuerdo con lo establecido los Estatutos del SEBC y del Banco Central Europeo.

 

  • La fiscalización externa del Tribunal de Cuentas.
  • 5. ESTRUCTURA.

Se basa en la existencia de 3 tipos de órganos: rectores, de dirección y de gestión.

  • Órganos rectores.

Son 4:

  • El Gobernador.

Sus principales caracteres son:

  • 1- Es nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, entre quienes sean españoles y tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios.

 

  • 2- Su mandato tendrá una duración de 6 años, sin posible renovación para el mismo cargo.

 

  • 3- Sus causas de cese están tasadas legalmente y consisten en:

 

  1. La expiración de su mandato.
  2. La renuncia.
  3. Haber alcanzado los 70 años de edad.
  4. La separación acordada por el Gobierno.
  5. La incapacidad permanente para el ejercicio de su función.
  6. El incumplimiento grave de sus obligaciones.
  7. Incompatibilidad sobrevenida.
  8. Procesamiento por delito doloso.
    • 4- El régimen de sus incompatibilidades afecta a 2 momentos.

 

  1. Durante su mandato: está sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos, siendo además incompatible para el ejercicio de cualquier profesión o actividad pública o privada.

 

  1. Al cesar de su cargo y durante los 2 años posteriores: no podrá ejercer actividad profesional alguna relacionada con las entidades de crédito o con los mercados de valores.

 

  • 5- La retribución y demás condiciones de empleo serán fijadas por el Ministro de Economía informando a las Cortes Generales.

 

  • 6- Podrá ser sancionado con multas de hasta 50 millones de ptas. por infracciones de los deberes de secreto y de las reglas sobre incompatibilidades.

 

  • 7- Sus competencias consisten en:

 

  1. Dirigir el BdE.
  2. Presidir el Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva.
  3. Ostentar la representación legal del Banco a todos los efectos.
  4. Ostentar la condición de miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del Banco Central Europeo.
    • El Subgobernador.
    • 1- Será designado por el Gobierno, a propuesta del Gobernador.

 

  • 2- Su mandato será simultáneo al del Gobernador, tendrá una duración de 6 años, sin posible renovación para el mismo cargo.

 

  • 3- El régimen de su cese, incompatibilidades, retribuciones y sanciones es sustancialmente igual al del Gobernador,

 

  • 4- Sus funciones son:

 

  1. Suplir al Gobernador en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de éste.

 

  1. Asumir la dirección superior de los servicios comunes internos del BdE.

 

  1. Las atribuciones previstas en el Reglamento interno.

 

  1. Las atribuciones delegadas por el Gobernador, el Consejo de Gobierno o la Comisión Ejecutiva.

 

  1. Es miembro del Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva.

 

  1. Forma parte de los demás órganos colegiados para los que haya sido nombrado por la legislación vigente a título de miembro nato.
    • El Consejo de Gobierno.
    • 1- Está formado por:

 

  • El Gobernador.
  • El Subgobernador.
  • 6 Consejeros designados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y del Gobernador del BdE.
  • El Director General del Tesoro y Política Financiera.
  • El Vicepresidente de la CNMV.

 

Asistiendo además:

 

  • Los Directores del BdE con voz y sin voto.
  • El representante del personal.

 

  • 2- En cuanto a las incompatibilidades, durante su mandato, los Consejeros:

 

  1. No podrán ejercer actividades profesionales relacionadas con entidades de crédito, con los mercados financieros o de valores o con instituciones financieras.

 

  1. Deberán abstenerse de adquirir o poseer bienes o derechos o realizar cualesquiera actividades que puedan:

 

  • Menoscabar su independencia o imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
  • Generar conflictos de intereses.
  • Permitir la utilización de información privilegiada.

 

  • 3- La infracción del deber de secreto, de las reglas de incompatibilidades y de las limitaciones legalmente establecidas podrá ser sancionado con multas de hasta 50 millones de ptas.

 

  • 4- Sus competencias son, entre otras:

 

  1. La aprobación de las directrices generales de actuación del BdE para el cumplimiento de sus funciones.

 

  1. El debate de las cuestiones relativas a la política monetaria del SEBC.

 

  1. La aprobación de:

 

  • El Informe Anual del BdE y demás informes.
  • Las Circulares monetarias y de las Circulares en general.
  • El Reglamento interno.
  • La propuesta de presupuestos,
  • Las directrices de la política de personal.

 

  1. La imposición de las sanciones cuya adopción sea competencia del BdE.
    • La Comisión Ejecutiva.
    • 1- Está formada por:

 

  • El Gobernador, que actuará como Presidente.
  • El Subgobernador.
  • 2 Consejeros, asistiendo a las sesiones con voz y sin voto.
  • Los Directores Generales.
  • El Secretario del BdE, que actuará como Secretario con voz y sin voto.
  • 2- Los Consejeros miembros de la Comisión Ejecutiva son designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Gobernador, entre sus miembros nonatos.

 

  • 3- Sus competencias son, entre otras:

 

  1. Contribuir a la instrumentalización de la política monetaria desarrollada por el SEBC.

 

  1. Resolver sobre las autorizaciones administrativas que deba conceder el BdE.

 

  1. Organizar el BdE.

 

  1. Efectuar nombramientos de Directores Generales y del personal, fijando sus retribuciones.

 

  1. Someter al Consejo de Gobierno las propuestas procedentes.
  2. Desempeñar los cometidos que el Consejo de Gobierno hubiera delegado.

 

  1. Formular a las entidades de crédito las recomendaciones o requerimientos precisos.

 

  1. Administrar el Banco en la esfera de Dº privado y disponer de sus bienes.
  • Órganos de dirección.

Están subordinados y designados por los órganos rectores. Son:

  • Los Directores Generales.
    • 1- Son nombrados por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Gobernador, y ratificados por el Consejo de Gobierno.

 

  • 2- Su función consiste en asumir la jefatura del personal y los servicios de la Dirección General correspondiente, como el Departamento internacional, servicios de estudio y de supervisión, etc.

 

  • 3- Se puede alterar su número o denominación y funciones en cualquier momento por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Gobernador y dando cuenta el Consejo de Gobierno.
  • El Comité de Dirección.
  • 1- Coordina las funciones de los órganos de dirección.

 

  • 2- Está formado por:

 

  • El Gobernador.
  • El Subgobernador.
  • Los Directores Generales del BdE.

 

  • 3- Sus funciones consisten en:

 

  1. Asesorar al Gobernador y Subgobernador en las materias o decisiones requeridas.

 

  1. Cooperar en:

 

  • La preparación de asuntos.
  • El cumplimiento de los acuerdos de los órganos rectores.
  • La coordinación de la actuación de las distintas Direcciones Generales.
  • Comisiones internas.
    • 1- Su función es la consecución de la coordinación completa para determinados asuntos.

 

  • 2- Se crean por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Gobernador del BdE.
  • Órganos de gestión.
    • Secretaría General.
      • 1- Se encarga, entre otras cosas, de:

 

  1. La llevanza de las actas del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva.

 

  1. Las labores de asesoramiento jurídico de los órganos rectores y a todas las dependencias del BdE.

 

  1. La dirección del servicio de protocolo y las relaciones institucionales.

 

  1. La asistencia a los consejeros.

 

  • 2- El Secretario General del BdE es el Secretario General del Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva.
  • Departamento de régimen interior.
  • 1- Al frente de este Departamento está un Director General adjunto.

 

  • 2- Se le encomiendan las funciones de gestión y administración de los servicios internos.
    • Oficinas del Banco de España.

Son unidades organizativas básicas encargadas de llevar a cabo las actuaciones precisas para el ejercicio de las competencias de la Dirección General o del Departamento en que estén encuadradas.

  • 6. FUNCIONES.

El BdE tiene atribuidas 2 tipos de funciones: principales y adicionales.

  • Funciones principales.

Le corresponden como parte integrante del SEBC, según el Art. 7.3 LABE.

 

Son:

 

  • Definir y ejecutar la política monetaria de la Comunidad Europea. Para ello podrán realizar todo tipo de operaciones financieras de conformidad con los principios generales e instrumentos establecidos por el Banco Central Europeo.

 

  • Realizar operaciones de cambio de divisas que sean coherentes con el Art. 109 TCE.

 

  • Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros.

 

  • Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. Para ello podrá actuar en los mercados interbancarios, gestionando su compensación y liquidación.

 

  • Emitir los billetes de curso legal.

 

  • Las demás funciones que se deriven de su condición de parte integrante del SEBC.
  • Funciones adicionales.

Deberán respetar las anteriores, y las extraemos del art. 7.5 LABE.

Son:

  • Poseer y gestionar la reserva de divisas y metales preciosos no transferidas al Banco Central Europeo.

 

  • Promover el buen funcionamiento y la estabilidad en el sistema financiero.

 

  • Poner en circulación la moneda metálica y desempeñar por cuenta del Estado las demás funciones que se le encomiendan respecto a ella.

 

  • Prestar los servicios de Tesorería y Agencia financiera de la Deuda Pública.

 

  • Asesorar al Gobierno y realizar los informes y estudios que resulten procedentes.

 

  • Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con las funciones y asistir al Banco Central Europeo en la recopilación de la información estadística necesaria para el cumplimiento de las funciones del servicio del SEBC.

 

  • Ejercer las demás competencias que la legislación le atribuya.

Además, podemos señalar otras 2 funciones adicionales:

  1. Con carácter genérico:

 

Según el art. 7.2 LABE, el BdE apoyará la política general del Gobierno, sin perjuicio del objetivo principal de mantener la estabilidad de precios y del cumplimiento de las funciones que ejerce en tanto miembro del SEBC.

 

  1. Con carácter específico:

 

Según el Art. 7.6 LABE, el BdE deberá supervisar la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito por parte de éstas y por parte de cualesquiera otras entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida, todo ello sin perjuicio de la supervisión prudencial que puedan llevar a cabo las CCAA en el ámbito de sus competencias y de la cooperación de éstas con el BdE.

Por último, cabe destacar que el BdE gestiona el Sistema Nacional de Compensación Electrónica, a través del cual se realiza la compensación de documentos, medios de pago, transmisiones de fondos y efectos de comercio que, mediante sistemas y procedimientos electrónicos, presenten al mismo las entidades miembros.

  • 7. POTESTAD NORMATIVA.

El BdE tiene una doble potestad normativa, según el art. 3 LABE:

  • Potestad reglamentaria externa.

Se concreta en:

 

  • Las Circulares monetarias que el BdE dicta como miembro del SEBC para el desarrollo de las funciones que le son propias en esa condición.

 

  • Las Circulares que dicta para el adecuado ejercicio del resto de sus competencias, en desarrollo o ejecución de las normas que le habiliten expresamente al efecto.

 

  • El BdE puede hacer públicas las aplicaciones técnicas que contengan los aspectos técnicos necesarios para la aplicación de las anteriores Circulares a través del Director General competente.

 

  • Con referencia a la actividad externa del BdE, podrán ser de pública difusión y edición las consultas y contestaciones a las mismas.

 

Las Circulares monetarias y las Circulares serán publicadas en el BOE, y entrará en vigor a los 20 días de su completa publicación en éste, según el art. 2 CC.

  • Las normas internas dirigidas a su servicio.

Ordenadas jerárquicamente son:

  • Las Circulares internas:

 

  • Tienen carácter básico general.
  • Son de obligado cumplimiento para todos los servicios.
  • Son aprobadas por la Comisión Ejecutiva y refrendadas por el Gobernador.
  • Las Ordenanzas:

 

  • Son el sistema de desarrollo para lo establecido en las Circulares internas o para el ejercicio de la potestad reglamentaria de los órganos rectores.

 

  • Son aprobadas por el titular de la Dirección General competente o del departamento de régimen interior o por el Gobernador o Subgobernador.

 

  • Notas carentes de valor normativo sobre aspectos meramente expositivos o didácticos de aplicación de las Ordenanzas.
  1. LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

En el Art. 1 RDLeg. 1298/1986, por el que se adaptan las normas legales en materia de entidades de crédito al ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea, se encuentra concepto de entidad de crédito: se trata de “toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos de público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza”.

Nuestro Dº positivo, siguiendo al Dº comunitario, ofrece un concepto funcional y amplio de entidad de crédito:

 

  • Concepto funcional: porque atiende básicamente a la actividad que realiza, consistente en la intermediación indirecta en el crédito, sin perjuicio de admitir que pueden realizar otro tipo de actividades o servicios bancarios.

 

  • Concepto amplio: porque, al no referirse a forma jurídica específica, permite que se agrupen entidades con formas jurídicas distintas.
  • Principio de tipificación y reserva de las actividades de intermediación en el mercado bancario.

Se recoge en el Art. 28.1 LDIEC: “ninguna persona física o jurídica, nacional o extranjera, podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros, ejercer en territorio español las actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito o utilizar denominaciones genéricas propias de éstas u otras que puedan inducir a confusión con ellas”.

 

El Art. 28.2 LDIEC establece que se entenderán reservadas a las entidades de crédito “la captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores”.

Este principio de reserva de actividad bancaria se pretende garantizar mediante 2 tipos de medidas.

 

  1. Medidas represivas.

 

Mediante la sanción de hasta 5 millones de ptas. de multa. Si las personas o entidades son requeridas para que cesen inmediatamente en su acción ilícita y no lo hacen, podrán ser sancionadas con multas por importe de hasta 10 millones de ptas., que podrán ser reiteradas con ocasión de posteriores requerimientos.

 

  1. Medidas preventivas.

 

Las entidades que realicen acciones contrarias al Art. 28 LDIEC no podrán se inscritas en el Registro Mercantil ni en los demás Registros públicos, y si las inscripciones ya se han realizado, serán nulas de pleno derecho, no pudiendo perjudicarse los derechos de terceros de buena fe.

  • Clases de entidades de crédito.

Las distintas clases de entidades de crédito son, según el Art. 1.2 RDL 1298/1986:

 

  • 1- El Instituto de Crédito Oficial (ICO).
  • 2- Los bancos.
  • 3- Las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
  • 4- Las cooperativas de crédito.

 

Este Art. también incluía en la enumeración de las entidades de crédito las sociedades de crédito hipotecario, las entidades de financiación, las sociedades de arrendamiento financiero y las sociedades mediadoras del mercado de dinero, consideración que desaparece con la Ley 3/1994, por la que estas actividades pasan a engrosar las propias de los establecimientos financieros de crédito, los cuales tienen la consideración de entidad de crédito, con la salvedad de que están incapacitados para realizar operaciones bancarias pasivas típicas (depósito, préstamo, cesión temporal de activos y otros análogos).

  • 1. EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL.
    • Naturaleza pública empresarial.

El ICO es una entidad de carácter público que, perteneciendo a la categoría general de las entidades de crédito, ocupa una posición peculiar por su naturaleza y por las funciones que tiene atribuidas.

 

Se trata de una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de estado de Economía, que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito y la consideración de Agencia financiera del Estado.

  • Regulación.

Ha transcurrido a través de 4 etapas:

 

  • Creación por la Ley 13/1971 sobre Organización y Régimen del Crédito Oficial.

 

  • Fijación del régimen mediante la Ley 33/1987 de Presupuestos Generales del Estado.

 

  • El RD-Ley 12/1995 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera adaptó el régimen del ICO a la organización de las entidades de crédito de capital público estatal establecida por la Ley 25/1991.
  • Este régimen ha sido desarrollado por el RD 706/1999 de adaptación del ICO a la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la AGE y de aprobación de sus Estatutos, cumpliendo 2 finalidades:

 

  1. La adaptación del ICO a los propósitos de racionalización de la estructura de la Administración Institucional del Estado.

 

  1. La adaptación a la previsión de que el ICO se debe regir por el RD-Ley 12/1995, la Ley General Presupuestaria y sus Estatutos.
    • Régimen jurídico.

Se distingue entre:

 

  • Normas que le son específicamente aplicables:

 

  • Ley 6/1997.
  • RD-Ley 12/1995.
  • Ley General Presupuestaria.

 

  • Normas especiales para las entidades de crédito, que se le aplican como tal.

 

  • Normas generales del Ordenamiento privado civil, mercantil y laboral, que le resultan aplicables con carácter supletorio.

Son el sostenimiento y promoción de las actividades económicas que contribuyen al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional.

Para alcanzar tales fines se establecen una serie de:

  1. Funciones esenciales:
    • Contribuir a paliar los efectos económicos producidos por situaciones de graves crisis económicas, catástrofes naturales u otros supuestos semejantes.

 

  • Actuar como instrumento para la ejecución de medidas de política económica del Gobierno.
  1. Funciones adicionales:

 

  • Formalizar, gestionar y administrar fondos, subvenciones, créditos, avales, etc.

 

  • Establecer convenios con Instituciones Públicas.

 

  • Tomar participaciones directas en empresas financieras.

 

  • Prestar asesoramiento financiero.
    • Órganos.

Son:

 

  • el Consejo General,
  • el Presidente,
  • el Secretario del Consejo General,
  • los Directores Generales y los titulares de otras unidades,
  • el Comité de operaciones.
    • Régimen económico.

Se regula en sus Estatutos; concretamente en los siguientes Títulos:

  1. Patrimonio y recursos, cuentas anuales, aplicación de resultados y fondo de provisión.

 

  1. Régimen presupuestario, de intervención, control financiero y contabilidad.

 

  • Régimen aplicable a la contratación.

 

  • Financiación. Permite que el ICO acuda a los mercados nacionales y extranjeros mediante cualquier tipo de operación financiera dentro de los límites de endeudamiento que marquen las Leyes de Presupuestos.

 

  • 2. LOS BANCOS.

La regulación de los bancos se efectúa en el RD 1245/1995.

 

Los bancos son empresas, por tanto, tienen ánimo de lucro.

 

El Art. 2.1 les atribuye la forma jurídica de sociedad anónima especial, por lo que también les es aplicable la LSA para todo lo que no esté regulado en su normativa específica, siéndole también de aplicación los preceptos generales del RRM.

Según Garrigues, se trata de una persona jurídica (compañías mercantiles) o física (empresario individual) que tiene 2 caracteres:

 

  1. Es una persona que arriesga su patrimonio, un capital; corre con la posibilidad de ganar o perder lo que ha arriesgado.

 

  1. Realiza una actividad muy específica, la actividad empresarial, que tiene sólo 2 vertientes: vender bienes o vender servicios; los bancos o las compañías de seguros venden servicios.

 

Por tanto, lo principal de esta persona es que, arriesgando un capital y realizando esa actividad empresarial tiene un único fin: obtener beneficios, ganar dinero, es decir, el ánimo de lucro.

¿Qué es el negocio bancario?

Los bancos son empresas que nos ofrecen comodidad en nuestras transacciones dinerarias y cobran servicios en forma de comisiones, intereses, etc. Para la seguridad del tráfico empresarial, la Ley trata que los bancos tengan dinero suficiente para que puedan devolvérselo a todos sus clientes. Los bancos captan fondos de sus clientes y los utilizan para dárselos a la gente en forma de préstamos, créditos, etc.

 

Las entidades de crédito hacen un doble movimiento del dinero:

 

  • Reciben el dinero de sus clientes.

 

  • Dan dinero a sus clientes.

 

 

¿Cómo se puede ganar dinero así?

 

Hay 3 formas para que las empresas ganen dinero:

  • Empresas industriales: se compran los medios y se convierten en productos manufacturados; la diferencia entre los costes soportados y el precio que cobra por sus productos es el beneficio industrial.
  • Empresas no industriales, es decir, comerciales: ganan la diferencian entre los que les cuesta el producto y por lo que lo venden, que es el margen comercial.
  • Los bancos: el dinero que reciben del público lo remuneran con intereses, los cuales son muy pequeños, y con la media de todo el dinero que reciben se genera el interés medio, que es el coste que tiene para el banco el dinero que recibe.

 

Cuando el banco da dinero al público recibe por ese servicio una remuneración en forma de intereses, pero éstos son más altos que los que paga por el dinero que recibe.

 

La contabilidad de los bancos es distinta a la de las empresas normales:

 

  • respecto al dinero de sus clientes, los activos del banco son el dinero que presta a sus clientes, ello porque éste es dinero que los clientes deben al banco, por lo que para el banco es un derecho de crédito; mientras que el dinero que recibe de sus clientes es el pasivo de su balance, porque es dinero que supone una obligación de restituir para el banco.

 

El banco gana dinero por la diferencia entre el dinero que cobra (intereses del activo) menos el dinero que paga por recibir dinero de sus clientes (intereses del pasivo). Esa diferencia se llama margen financiero.

También tiene otras formas de ganar dinero:

 

  • Comisiones puras: van directamente a su cuenta de beneficios (pérdidas y ganancias).

 

  • Beneficios atípicos: son extraordinarios, como la venta de un edificio propiedad del banco. Cuando éstos son tan importantes como el margen financiero es que el banco va mal.
    • Creación de los bancos.
  • 1- Es un proceso que se desarrolla en 3 fases:
    1. Primera fase.

Parte de la autorización del Ministro de Economía sobre el proyecto de constitución, previo informe del BdE.

 

La solicitud de autorización para la creación del banco se dirigirá a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, acompañada de:

 

  • 1- El proyecto de Estatutos Sociales.

 

  • 2- El programa de actividades.

 

  • 3- La relación de socios que han de constituir la sociedad.

 

  • 4- La relación de personas que han de integrar el primer consejo de administración.

 

  • 5- La relación de personas que han de actuar como directores generales o asimilados.

 

  • 6- La justificación de haber constituido en el BdE, en metálico o en deuda pública, un depósito equivalente.

 

La solicitud de autorización debe resolverse dentro de los 6 meses siguientes a su recepción o al momento en que se complete la documentación y, en todo caso, dentro de los 12 meses siguientes a su recepción. Cuando no se haya resulto en el plazo señalado, podrá entenderse desestimada.

 

El Ministro de Economía, mediante resolución motivada, denegará la autorización de un banco cuando:

 

  1. No se cumplan los requisitos sustanciales para ejercer la actividad bancaria, previstos en el Art. 2 RD 1245/1995.

 

  1. No se cumplan los requisitos formales de la solicitud de documentación adjunta que establece el Art. 3 RD 1245/1995.

 

  1. Atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión prudente y recta de la entidad proyectada, no se considere adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan a tener en ella una participación significativa.

Existen ciertas especialidades cuando aparecen factores de extranjería, es decir, cuando los bancos que se van a crear queden sujetos al control de personas extranjeras.

 

Diferenciamos 2 hipótesis:

  • Influencia comunitaria.

 

El control del banco va a ser ejercido:

 

  • por una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro de la UE;

 

  • por la entidad dominante de una de estas entidades;

 

  • por las mismas personas físicas o jurídicas que controlen una entidad de crédito autorizada en un Estado miembro.

 

En estos casos, el BdE, antes de emitir su informe, deberá consultar a las autoridades responsables de la supervisión de la entidad extranjera.

 

  • Influencia extracomunitaria.

 

El control del banco va a ser ejercido por una o varias personas, sean o no entidades de crédito, domiciliadas o autorizadas en un Estado no miembro de la UE.

 

Cabrá exigir la prestación de una garantía que alcance a la totalidad de las actividades de dicha entidad.

 

La autorización podrá ser denegada por motivos de reciprocidad comunitaria, pudiendo el Ministro de Economía suspender la concesión de la autorización o limitar sus efectos.

 

 

 

  1. Segunda fase.

Se trata de la constitución privada de un banco mediante el otorgamiento de escritura pública de constitución y su inscripción en el Registro Mercantil, conforme a la LSA y el RRM.

 

Los bancos, como sociedades anónimas especiales, deben estar constituidos por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida.

  • Tercera fase.

Viene constituida  por la inscripción del banco en el Registro especial que lleva el Banco de España.

  • 2- En todo caso, debe tenerse en cuenta que los promotores del banco disponen del plazo máximo de 1 año desde el otorgamiento de la autorización ministerial para:

 

  • Otorgar la escritura pública de constitución.

 

  • Inscribirse en el Registro Mercantil y en el Registro especial del BdE.

 

  • Dar inicio a sus operaciones.

 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que, en caso de incumplimiento, la autorización otorgada sea revocada.

  • 3- Los bancos de nueva creación están sujetos a ciertas limitaciones temporales:

 

  • Durante sus 3 primeros ejercicios.

 

  1. No podrán repartir dividendos.

 

  1. Deberán destinar la totalidad de los beneficios de libre disposición a reservas, salvo autorización del BdE.

 

 

  • Durante los 5 primeros años.

 

  1. No podrán conceder créditos, préstamos o avales de fianza alguna, directa o indirectamente, a favor de:

 

  • sus socios, consejeros o altos cargos;

 

  • sus familiares de primer grado o de las sociedades participadas en el 15% por los mismos.

 

  1. Una sociedad o grupo no podrá poseer, directa o indirectamente, más del 20% del capital del banco o ejercer el control del mismo.

 

  1. La transmisión intervivos de las acciones y su gravamen o pignoración estarán condicionados a la previa autorización del BdE.
    • Régimen jurídico.
  2. Forma jurídica de Sociedad Anónima.

Los bancos adoptan la forma jurídica de sociedad anónima conforme a lo establecido en el Art. 2.1 RD 1245/1995, lo que hace que les resulte aplicable, como sociedades anónimas especiales, la LSA en todo lo no regulado por su normativa específica, según lo previsto en el Art. 3 LSA, que establece: “La SA, cualquiera que sea su objeto, tendrá carácter mercantil, y en cuanto no se rija por disposición que le sea específicamente aplicable, quedará sometida a preceptos de esta Ley”.

 

Por ello, los bancos se regirán en gran medida por los preceptos generales de la LSA,  por el RRM cuando proceda, en cuanto a:

 

  • 1- Las características generales.

 

  • 2- El proceso fundacional.

 

  • 3- El régimen de las aportaciones, de las acciones y de los negocios sobre las mismas.

 

  • 4- La organización societaria.
  • 5- La modificación de los estatutos, incluidos los aumentos y reducciones del capital.

 

  • 6- Las cuentas anuales.

 

  • 7- Los procesos de transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación.

 

  • 8- La capacidad de emitir obligaciones.
  1. Especialidades de los bancos como sociedades anónimas.

Distinguimos:

  • Especialidades en su estructura.

Dentro de ellas encontramos:

  • Especialidades en su capital.

Los bancos deben tener un capital social inicial no inferior a 3.000 millones de ptas., desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.

  • Especialidades en su accionariado.

Los accionistas titulares de participaciones significativas deben ser idóneos para garantizar la gestión sana y prudente del banco.

 

Se consideran accionistas significativos:

 

  1. Quienes posean un 5% o más del capital o de los derechos de voto.

 

  1. Quienes, ostentando un porcentaje inferior, puedan ejercer una influencia notable.

 

Se apreciará la idoneidad de los accionistas en función de factores tales como:

 

  • 1- Su honorabilidad comercial y profesional.

 

  • 2- Sus medios patrimoniales.

 

  • 3- La transparencia de la estructura del grupo al que pertenezca la entidad.

 

  • 4- La posibilidad de que la entidad quede sometida a los riesgos de actividades no financieras.

 

  • 5- La posibilidad de que el ejercicio de la supervisión de la entidad se obstaculice por vínculos estrechos.
  • Especialidades en su gestión.

La administración de los bancos debe confiarse a un consejo de administración, que cumplirá los siguientes requisitos:

 

  1. Estará formado por un mínimo de 5 miembros.

 

  1. Los consejeros:

 

  • Deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, teniéndose por tales quienes hayan venido observando una trayectoria profesional de respeto a:

 

  • las leyes mercantiles;

 

  • otras leyes que regulen la actividad económica y la vida de los negocios;

 

  • las buenas prácticas financieras y bancarias.

 

Se establecen determinados presupuestos de antecedentes penales que privan automáticamente de honorabilidad.

 

  • Deberán poseer, en su mayoría, conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones, considerando como tales los de quienes hayan desempeñado durante un plazo no inferior a 5 años:

 

  • Funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras.

 

  • Funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de dimensión al menos análoga al banco que se pretende crear.

Estos requisitos deberán ser cumplidos también por los directores generales o asimilados y por las personas físicas que representen a las personas jurídicas que sean consejeros.

 

  • Especialidades en sus aspectos funcionales.

Dentro de ellas encontramos.

  • Especialidades respecto a su objeto social.

El objeto social debe estar estatutariamente limitado a las actividades propias de una entidad de crédito, es decir, recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos o de operaciones de análoga naturaleza.

  • Especialidades respecto a su buena organización administrativa y contable.

Es una de las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad bancaria, y supone la existencia de procedimientos de control interno adecuados que garanticen una gestión sana y prudente de la entidad.

  • Especialidades respecto a sus recursos propios.

Los bancos han de contar con unos recursos propios no inferiores a la cifra de capital mínimo (3.000 millones de ptas.).

  1. Alteraciones estructurales de los bancos.

Las modificaciones estatutarias pueden dividirse en 2 categorías:

  • Modificaciones estatutarias normales.

Estarán sujetas al procedimiento general de autorización por el Ministro de Economía y al registro en el BdE previsto para su creación, sin perjuicio de que se facilite el trámite:

 

  1. Reduciendo a 2 meses el plazo para dar la resolución de la solicitud de autorización.

 

  1. Estableciendo una presunción de silencio positiva.

 

 

  • Modificaciones estatutarias especiales.

Tienen por objeto:

 

  • 1- El cambio de domicilio social dentro del territorio nacional.

 

  • 2- El aumento del capital social.

 

  • 3- La incorporación textual de preceptos legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo.

 

  • 4- El cumplimiento a las resoluciones judiciales o administrativas.

 

  • 5- En general, las modificaciones para las que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera puede considerar innecesario el trámite de autorización en contestación a una consulta previa formulada al efecto por el banco afectado.

 

Estas modificaciones estatutarias requieren únicamente la comunicación al BdE para su constancia en el Registro especial.

  • 3. LAS CAJAS DE AHORRO.
  • Régimen jurídico.
    1. Regulación.

Las Cajas de Ahorros están sometidas a una doble regulación:

  • Regulación estatal.

Está integrada por 2 tipos de disposiciones:

  1. Disposiciones sobre entidades de crédito en general.

Se les aplican por cuanto se trata de un tipo de entidades de crédito.

  1. Normativa específica relativa a las cajas de ahorros.

Donde destaca:

 

  • Ley 31/1985 de regulación de normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorro (LORCA).
  • RD 664/1990 sobre cuotas participativas de cajas de ahorro.
  • Regulación autonómica.

Existen normas de rango legal y reglamentario que se ocupan del régimen general de las cajas de ahorros en cada Comunidad Autónoma, o bien exclusivamente del régimen de sus órganos de gobierno.

 

En la Comunidad Valenciana tenemos la Ley 1/1990 de Cajas de Ahorros de la CV.

Los conflictos relacionados con la coordinación de la legislación estatal y autonómica sobre cajas de ahorros se ha visto resuelto por las STC y STS.

  1. Naturaleza jurídica.

Según la STC de 7 de febrero de 1984 y la STS de 3 de marzo de 1987, las cajas de ahorros son entes privados de carácter social intervenidos administrativamente, es decir, son un tipo de empresarios del mercado bancario en una estructura jurídica fundacional.

Su carácter empresarial se deduce de los siguientes rasgos:

  • Su inscripción en el Registro Mercantil, conforme a lo establecido en las normas del RRM. Además, le serán de aplicación, como Dº supletorio y en la medida en que resulten compatibles, las reglas referentes a la inscripción de sociedades anónimas contenidas en el RRM.

 

  • La necesaria sujeción de su contabilidad a la normativa específica sobre contabilidad de las entidades de crédito, y en lo no previsto por ésta, a las normas de contabilidad del CCom y del Plan General de Contabilidad.

 

  • El carácter mercantil de los contratos bancarios que se celebran en el ejercicio de la actividad bancaria que desarrollan como entidades de crédito.
    1. Creación de Cajas de Ahorros.

Está sometida a autorización del Ministro de Economía, previo informe del BdE, conforme a los principios generales previstos para todo tipo de entidades de crédito.

Se exige:

 

  • Un fondo de dotación mínimo vinculado permanentemente al capital fundacional de 3.000 millones de ptas.

 

  • La disposición de una buena organización administrativa y contable.

 

  • La existencia de procedimientos de control interno adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad respectiva.
  • Estructura orgánica.

La estructura orgánica de las cajas de ahorro está diseñada por la LORCA, que prevé 3 órganos de gobierno colegiados, representativos, obligatorios y carentes de personalidad jurídica propia: asamblea general, consejo de administración y comisión de control; además de un director general.

  1. La asamblea general.
    • 1- Es el órgano máximo de gobierno y decisión, presentando carácter colegiado e integración democrática.
    • 2- Su número de miembros oscilará entre un mínimo de 60 y un máximo de 160, y estará integrada por los siguientes grupos y porcentajes:

 

  • Las corporaciones municipales con un 40%.

 

  • Los impositores con un 44%.

 

  • Las personas o entidades fundadoras con un 11%.

 

  • Los empleados con un 5%.

 

Teniendo en cuenta que para el TC esta numeración no es exclusiva, pues la mayor parte de Leyes autonómicas que afectan a los órganos rectores prevén la presencia de otros grupos, especialmente de una representación de las propias CCAA.

 

 

 

  • 3- Los consejeros generales que integran la asamblea:

 

  1. Deben reunir una serie de requisitos legales.

 

  1. Están sometidos a un conjunto de incompatibilidades.

 

  1. Serán nombrados por un período mínimo de 4 años, pudiendo ser reelegidos por otro período igual y único.

 

  1. Cesarán en determinados supuestos previstos legalmente.
    • 4- Respecto a su funcionamiento:

 

  • Las asambleas generales podrán ser:

 

  • Ordinarias: se celebran 2 veces al año, dentro de cada semestre.

 

  • Extraordinarias: cuando sean expresamente convocadas.

 

  • Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos concurrentes, excepto en determinados supuestos de:

 

  • aprobación y modificación de estatutos y reglamentos,

 

  • disolución y liquidación de la entidad,

 

  • fusión.

 

En estos casos se requerirá la asistencia de la mayoría de los miembros y el voto favorable de los 2/3 de los asistentes.

  • 5- La competencia especial de la asamblea general alcanza a:

 

  1. El nombramiento y revocación de los vocales del consejo de administración y de la comisión de control.

 

  1. La aprobación y modificación de los estatutos y reglamento.

 

  1. La disolución, liquidación y fusión de la entidad.

 

  1. La definición de las líneas generales del plan de actuación.

 

  1. La aprobación de la gestión del consejo de administración y de las cuentas anuales.

 

  1. La creación y disolución de obras benéfico-sociales.

 

  1. Cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consideración por los órganos facultados al efecto.
  2. El consejo de administración.
    • 1- Es el órgano de gestión y representación de la caja de ahorros:

 

  • Órgano de gestión: se le atribuyen la administración y gestión financiera de la caja y de la obra benéfico-social.

 

  • Órgano de representación: el consejero será el representante de la entidad para todos los asuntos pertenecientes al giro y tráfico de la misma, así como para los litigiosos.
  • 2- Está integrado por:

 

  1. Entre 13 y 17 vocales.

 

  1. Representantes de las corporaciones municipales, de los impositores, de las personas o entidades fundadoras y del personal, teniendo en cuenta que para el TC esta numeración no es exhaustiva.
  • 3- Respecto a los vocales:

 

  1. Deben reunir los mismos requisitos que los consejeros generales.

 

  1. Comparten con ellos las mismas causas de inelegibilidad para su nombramiento y de incompatibilidad para el ejercicio de su cargo, si bien se añaden otras previstas legalmente.

 

  1. La duración del ejercicio del cargo será señalada en los estatutos, sin que deba exceder los 4 años. Puede preverse una reelección por otro período igual o único sin que la duración de su mandato pueda superar los 8 años, renovándose por mitades.

 

  1. Cesarán en el ejercicio de su cargo en los mismos supuestos previstos para los consejeros generales y por incurrir en las incompatibilidades que les son específicas.
  • 4- En cuanto a su funcionamiento:

 

  • El consejo nombrará de entre sus miembros:

 

  • El presidente.
  • Un secretario.
  • Opcionalmente, uno o varios vicepresidentes.

 

  • Se reunirá cuantas veces sean necesarias para la buena marcha de la entidad.

 

  • Puede actuar en pleno o delegar sus funciones en una comisión ejecutiva o en el director general, con determinadas excepciones.

 

  • Los acuerdos:

 

  • Se adoptarán por mayoría de los consejeros asistentes.
  • Tendrán carácter secreto.
  1. La comisión de control.
    • 1- Su misión es la de controlar la gestión que desarrolla el consejo de administración, para que cumpla con la máxima eficacia sus funciones dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la asamblea general y de las directrices señaladas por la normativa general financiera.

 

  • 2- Tendrá un número de entre 4 y 8 miembros (no siendo esto una norma básica), que serán elegidos por la asamblea general de entre sus consejeros generales que no ostenten la condición de vocales.

 

  • 3- Los comisionados deben reunir los mismos requisitos y estarán sujetos a iguales incompatibilidades y limitaciones que los vocales del consejo de administración.

 

  • 4- Sus funciones son, entre otras:

 

  • El análisis de la gestión económica y financiera de la entidad.
  • El estudio de la censura de cuentas.

 

  • La información a la asamblea general sobre los presupuestos y la dotación de la obra benéfico-social.

 

  • La información al Ministro de Economía y a la Comunidad Autónoma en los casos de nombramiento y cese del director general.

 

  • Proponer la suspensión de la eficacia de los acuerdos del consejo cuando entienda que vulneran las disposiciones vigentes.

 

  • Informar sobre situaciones cuestiones a petición de la asamblea general, del Ministerio de Economía o de la Comunidad Autónoma.

 

  • Función de comisión electoral, por la que vigila el proceso de elección y legislación de los miembros de los órganos de gobierno.
  1. El director general.
  • 1- Es la persona física designada por el consejo de consejo de administración y conformado por la asamblea general, entre las personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficientes para desarrollar las funciones propias de ese cargo.

 

  • 2- Cesará por jubilación a la edad de 65 años.

 

  • 3- Podrá ser removido de su cargo:

 

  1. Por acuerdo del consejo.

 

  1. En virtud de expediente disciplinario instruido por el BdE o la Comunidad Autónoma.

 

  • 4- El ejercicio de este cargo:

 

  1. Requiere dedicación exclusiva.
  2. Será incompatible con cualquier actividad retribuida pública o privada, salvo:
    • la administración del propio patrimonio;
    • las actividades que ejerza en representación de la Caja.
  • Aspectos funcionales.
    1. Ámbito de actuación.

Desde el RD de 1977 ha habido un proceso de plena equiparación operativa con las entidades bancarias, que se completó mediante su calificación como entidades de crédito, por lo que las cajas de ahorros pueden realizar las operaciones activas y pasivas que puede desarrollar la banca privada, además de operaciones neutras o servicios bancarios.

 

Este proceso se ve acompañado por otro de homogeneidad funcional con el resto de entidades de crédito.

  1. Financiación.

Presenta características especiales frente a los bancos, ya que, al no ser sociedades anónimas, no pueden incrementar sus recursos propios mediante aumentos de capital social. La estructura fundacional de las cajas permite únicamente acudir a las reservas de libre disposición para fortalecer los recursos propios.

Se incluyen en el concepto de capital las cuotas participativas de las cajas de ahorros, que:

  • 1- Son valores negociables nominativos de duración indefinida que, sin otorgar derecho político alguno, conceden como mínimo a su titular los derechos a:

 

  • Participar en el reparto del excedente de libre disposición.

 

Se consideran como excedentes la diferencia entre el beneficio bruto y la previsión para impuestos.

 

  • Obtener el reembolso del valor liquidativo de las cuotas en caso de liquidación de la caja emisora.

 

  • Suscribir preferentemente cuotas participativas en las nuevas emisiones.

 

Los cuota-partícipes pueden ejercitar el dº a suscribir un número de las nuevas cuotas proporcional al valor nominal de las que posean en relación con el valor nominal total de las cuotas no amortizadas.

  • 2- Su emisión:

 

  1. Deberá ser autorizada por la asamblea general.

 

  1. Requerirá verificación previa por el BdE del proyecto de acuerdo de emisión.

 

  1. Quedará sujeta a los requisitos generales previstos en la LMV.

 

  • 3- Las modificaciones de las características de las cuotas o de los derechos y obligaciones de los cuota-partícipes establecidos en el acuerdo de emisión requerirá el consentimiento previo de los cuota-partícipes afectados.

 

  • 4- Si la caja emisora de las cuotas adopta un acuerdo de fusión con otras entidades, deberá otorgar a los cuota–partícipes afectados un plazo no inferior a 1 mes para que puedan optar por ceder sus cuotas a la caja. Ésta, tras abonar su valor teórico-contable, las amortizará de inmediato.

 

  • 5- La CECA también podrá emitir cuotas participativas de asociación, que:

 

  1. Podrán ser adquiridas por las cajas de ahorros confederadas.
  2. Estarán sujetas a un régimen especial.
    1. Régimen disciplinario.

Junto a las normas generales de disciplina y régimen sancionador de las entidades de crédito que se aplican a las cajas de ahorros, concurren los regímenes sancionadores del Estado central y de las CCAA, que han de ser coordinados por a LORCA y la LDIEC.

  1. Régimen de fusión.

La fusión de las cajas de ahorros debe adoptarse por las asambleas generales respectivas, requiriéndose del voto favorable de los 2/3 de los asistentes.

 

Los estatutos y reglamentos de la entidad resultante de la fusión deben ser aprobados por el Ministro de Economía o por la Comunidad Autónoma.

  • La Confederación Española de Cajas de Ahorros.
  1. Régimen.

La CECA se ha definido tradicionalmente como una asociación de interés público de carácter no lucrativo, que agrupa a las cajas de ahorros como un centro de prestación de servicios y ayuda recíproca.

 

Tiene la consideración de entidad de crédito, lo que implica una capacidad de actuación no sólo en el mercado bancario, sino también en el mercado de valores.

Tiene 3 tipos de funciones esenciales:

 

  • Funciones representativas de las cajas de ahorros, de manera individual o colectiva:

 

  • En el ámbito nacional: frente a los poderes públicos.
  • En el ámbito internacional: especialmente respecto al Instituto Internacional de las Cajas de Ahorros y demás organismos internacionales.

 

  • Funciones de prestación de servicios de carácter financiero, tecnológico, de información, asesoramiento técnico y coordinación operativa.

 

  • Funciones de colaboración con las autoridades financiera en:

 

  • el saneamiento,
  • la mejora de la gestión,
  • el cumplimiento de la normativa financiera por las cajas.
  • 4. LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
    • Régimen jurídico.

Se regulan por 2 tipos de disposiciones:

  1. Disposiciones específicas.
    • Normas estatales:

Están constituidas por la Ley 1371989 de Cooperativas de Crédito y su Reglamento.

  • Normas autonómicas:

Generalmente están contenidas en las Leyes autonómicas sobre cooperativas, sin perjuicio de que existan leyes autonómicas específicas.

  1. Normas genéricas.
  • Funcionalmente y en su condición de entidades de crédito, les resultan aplicables las normas generales sobre entidades de crédito.

 

  • Estructuralmente y en su condición de sociedades cooperativas, se les aplica supletoriamente la normativa estatal y autonómica sobre cooperativas.
    • Naturaleza jurídica.

Las cooperativas de crédito son sociedades cooperativas:

 

  • 1- cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito;

 

  • 2- con un número de socios ilimitado;

 

  • 3- cuya responsabilidad por las deudas sociales alcanza el valor de sus aportaciones.

 

 

 

En el medio rural podrán utilizar la expresión “Caja rural”.

  • Constitución.

Requerirá autorización previa del Ministro de Economía, previa solicitud suscrita por un grupo de promotores del que deberán formar parte, al menos, 5 personas jurídicas que desarrollen la actividad propia de su objeto social en forma ininterrumpida desde 2 años antes de la fecha de constitución o bien 150 personas físicas.

 

Una vez concedida la autorización, deberá solicitar su inscripción en:

 

  • El Registro del Banco de España.

 

  • El Registro Mercantil.

 

  • El Registro de Cooperativas.

Distinguimos:

  1. Estructura patrimonial.

La cuantía mínima del capital social se establece en función de su ámbito territorial y el total de habitantes de derecho de los municipios comprendidos en dicho ámbito.

 

Este capital social se integrará por aportaciones de los socios y asociados, teniendo en cuenta que el importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder:

 

  • Del 20% del capital social cuando se trate de una persona jurídica.

 

  • Del 2,5% cuando sea una persona física.

 

 

 

  1. Estructura orgánica.
    • La asamblea general.
      • 1- Es el órgano soberano.

 

  • 2- Cada socio tendrá 1 voto, salvo previsión estatutaria en contrario.

 

  • 3- Es posible la delegación de voto con determinadas limitaciones legales.
  • El consejo rector.
  • 1- Es él órgano de gestión y representación.

 

  • 2- Se reunirá:

 

  • previa convocatoria de su presidente;

 

  • a petición de 2 consejeros o de 1 director general.

 

  • 3- Sus miembros podrán ser remunerados cuando así lo dispongan los Estatutos.

 

  • 4- Los consejeros se inscribirán en el Registro de Altos Cargos de las cooperativas de crédito.
  • 1- Es un órgano facultativo.

 

  • 2- Se les encomendarán funciones distintas de la tarea de revisores de cuentas.
    • Directores generales.
  • 1- Su forma de actuación y sistema básico de atribuciones deberán ser previstas estatutariamente.

 

  • 2- Se inscribirán en el Registro de Altos Cargos de las cooperativas de crédito.

 

 

Las cooperativas de crédito deben limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de una entidad de crédito, pudiendo realizar toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios.

 

Tienen 2 tipos de limitaciones:

 

  1. Personales.

 

Su carácter cooperativo exige que atiendan preferentemente a las necesidades financieras de sus socios.

 

  1. Geográficas.

 

Su ámbito de actividad ordinaria y habitual debe estar consignado claramente es sus estatutos, de manera que las cooperativas no podrán realizar, con carácter habitual, operaciones activas, pasivos o de servicios fuera de dicho ámbito estatutario.

  • 5. LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO.
  • Regulación.

Los establecimientos financieros de crédito están regulados por:

 

  • La Disposición Adicional 1ª de la Ley 3/1994.

 

  • El RD 692/1996 sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

 

No están sometidos a la normativa del Banco de España.

 

 

 

  • Características esenciales (funciones).

Se definen por 2 rasgos:

  1. Negativo.

 

Teniendo la consideración de entidades de crédito, se distinguen de éstas en que no podrán captar fondos reembolsables del público en forma de depósito.

 

  1. Positivo.

 

Se dedican a una serie de actividades que se establecen legal y reglamentariamente.

Las actividades principales que caracterizan a estos establecimientos son las de:

  • 1- Préstamo y crédito, incluyendo el crédito al consumo, el crédito hipotecario y la financiación de transacciones comerciales.

 

  • 2-

 

  • 3- Arrendamiento financiero.

 

  • 4- Emisión y gestión de las tarjetas de crédito.

 

  • 5- Concesión de avales y garantías.

Además, podrán realizar cualesquiera otras actividades accesorias que resulten necesarias para un mejor desempeño de su actividad principal.

  • Creación.

Se desarrolla en 3 fases:

  1. El Ministro de Economía, previo informe del Banco de España, debe autorizar su creación, especificando las actividades que podrán realizar de acuerdo con el programa presentado. Deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses siguientes a la recepción de la solicitud de autorización por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

 

La solicitud deberá ir acompañada de:

 

  • 1- Un proyecto de estatutos sociales.
  • 2- Un programa de actividades.
  • 3- Una relación de socios.
  • 4- La justificación de haber constituido en el BdE un depósito equivalente al 20% del capital mínimo exigible.

 

  1. Procede la constitución privada mediante elevación del acuerdo constitutivo a escritura pública y la inscripción de la misma en el Registro Mercantil.

 

  • Inscripción del establecimiento en el Registro especial que lleva el BdE.
  1. Estructura patrimonial.

Deberán contar con un capital mínimo de 850 millones de ptas.

  1. Estructura personal.

Afecta a 2 niveles:

  • A sus accionistas.

 

Cuando sean titulares de participaciones significativas, deben ser considerados idóneos.

  • A sus administradores.

 

Deben organizarse en forma de consejo de administración, formado por no menos de 3 miembros de reconocida honorabilidad comercial y profesional.

  1. PRINCIPALES PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
  • 1. CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD BANCARIA.
  • 1- El proceso de creación de las entidades de crédito está sometido a una doble regulación:

 

  • Régimen general.

 

Está contenido en el Art. 43 LDIEC, resultando aplicable a todo tipo de entidades de crédito.

 

  • Régimen particular para cada uno de los 3 tipos principales de entidades de crédito.

 

  • Bancos: Titulo I del RD 1245/1995.

 

  • Cajas de Ahorros: Decreto 1838/1975.

 

  • Cooperativas de Crédito: Art. 5 Ley 13/1989 y su Reglamento.
  • 2- En general, el acceso de toda entidad de crédito al ejercicio de la actividad bancaria está condicionado a la previa autorización del Ministro de Economía, cuya concesión queda sometida a la acreditación del cumplimiento de una serie de requisitos, que varían según el tipo de entidad de crédito que se trate.
  • 3- El Banco de España tiene atribuidas 2 tipos de funciones en este proceso:

 

  1. Función de informar con carácter previo a la autorización.

 

  1. Función posterior de gestión de los registros administrativos correspondientes.
  • 4- La incidencia de factores de extranjería determina especialidades en el proceso de autorización o consulta que pueden ser de 2 tipos:

 

  • Especialidades comunitarias.

 

Será necesaria la consulta previa ante la autoridad supervisora del correspondiente Estado comunitario de origen cuando:

 

  1. La autorización se refiera a una nueva entidad de crédito que vaya a estar controlada por una entidad de crédito autorizada en aquél Estado.

 

  1. Su control vaya a ejercerse por la entidad dominante de una entidad de crédito autorizada en dicho Estado.

 

  1. Aquel control vaya a ejercerse por las mismas personas físicas o jurídicas que controlen una entidad de crédito autorizada en dicho Estado.

 

  • Especialidades extracomunitarias.

 

En el caso de la creación de entidades de crédito que vayan a estar controladas por una o varias entidades autorizadas o domiciliadas en un Estado que no sea miembro de la UE, cuando a España se le notifique por causa de una decisión comunitaria derivada de la comprobación de que las entidades de crédito comunitarias no se benefician en un Estado no miembro de la UE de un trato que ofrezca las mismas condiciones de competencia que a sus entidades nacionales y que no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado bancario:

 

  1. Deberá suspenderse la concesión de la autorización solicitada.

 

  1. Deberá denegarse la concesión de la autorización solicitada.

 

  1. Deberán limitarse los efectos de la autorización.
  • 5- La autorización ministerial para la creación de una entidad de crédito se denegará por diversas causas:

 

 

 

  • Causas objetivas.

 

Será por carencia de:

 

  1. capital mínimo requerido;

 

  1. buena organización administrativa o contable;

 

  1. procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad.

 

  • Causas subjetivas.

 

  1. Carencia de honorabilidad comercial y profesional de sus administradores y directivos.

 

  1. Falta de idoneidad de los accionistas que vayan a tener una participación significativa, que se apreciará en función de:

 

  • La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas.

 

  • Los medios patrimoniales con que cuenten para atender los compromisos asumidos.

 

  • La falta de transparencia de la estructura de grupo al que pueda pertenecer la entidad.

 

  • La posibilidad de que la entidad quede expuesta de forma inapropiada al riesgo de las actividades no financieras de sus promotores.
  • 6- Las entidades de crédito debidamente autorizadas pueden proceder a su expansión territorial y funcional a través de varios medios:

 

  • Mediante oficinas operativas, que pueden abrir libremente en territorio nacional, sin perjuicio de sus restricciones legales o estatutarias.
  • Mediante agentes, que son las personas físicas o jurídicas a quienes una entidad de crédito haya otorgado poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, en nombre y por cuenta de la entidad mandante, en la negociación o formalización de operaciones bancarias típicas, sin alcanzar la formalización de avales, garantías y otros riesgos de firma.
  • 2. CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD BANCARIA.
      • Regulación.

La regulación de la solvencia se contiene en:

 

  • La Ley 13/1985 sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.

 

  • La ley 13/1992 de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras.

 

  • El RD 1343/1992.

 

  • La Orden de 30 de diciembre de 1992 sobre normas de solvencia de las entidades de crédito.

 

  • La Circular 5/1993 del BdE sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.
  • Alcance de la solvencia.

El alcance de la obligación de contar con un coeficiente suficiente de recursos propios es doble, porque alcanza tanto a las entidades de crédito individualmente consideradas como a los grupos consolidables de entidades de crédito.

 

Son grupos consolidables de entidades de crédito aquellos grupos de entidades financieras en los que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

  • 1- Que una entidad de crédito controle a una o varias entidades financieras.

 

  • 2- Que la entidad dominante sea una entidad cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades de crédito.

 

  • 3- Que una persona física o grupo de personas que actúe sistemáticamente en concierto o una entidad no consolidable, controle a varias entidades de crédito.

 

La entidad dominante del grupo consolidable será la entidad obligada a:

 

  • 1- Cumplir los deberes de formular y aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al grupo.

 

  • 2- Designar a los auditores de cuentas.

 

  • 3- Depositar las cuentas anuales, el informe de gestión consolidados y el informe de los auditores de cuentas de grupo en el Registro Mercantil.

 

  • 4- Cumplir los deberes que se deriven de las relaciones con el organismo supervisor, en este caso, el BdE.
    • Coeficiente de solvencia.

Los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no integradas en tales grupos deberán mantener, en todo momento, un coeficiente de solvencia no inferior al 8%.

 

Este coeficiente se define como la relación existente entre los recursos propios y la suma de los activos, las posiciones y las cuentas de orden sujetos a riesgo.

  • Elementos que determinan la solvencia.
  • Recursos propios.

Para su cómputo se realizan 3 operaciones fundamentales:

  1. Señala los elementos computables como recursos propios.

Son, entre otros:

 

  • 1- El capital social de las SSAA.

 

  • 2- Los fondos dotacionales y las cuotas participativas de las cajas de ahorros.

 

  • 3- Las aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito.

 

  • 4- El fondo de dotación de las sucursales de entidades de crédito extranjeras.

 

  • 5- Las reservas efectivas y expresas.

 

  • 6- Las reservas de regularización, actualización o revalorización de activos.

 

  • 7- Los fondos afectos al conjunto de riesgos de la entidad cuya dotación se haya realizado separadamente dentro de la cuenta de resultados o con cargo a beneficios y siempre que su importe figure separadamente del balance público de la entidad.

 

  • 8- Los fondos de obra benéfico-social de las cajas de ahorros y los de su Confederación.

 

  • 9- La parte del capital social correspondiente a las acciones sin voto.

 

  • 10- Las financiaciones subordinadas recibidas por la entidad de crédito.

 

En el caso de los recursos propios de un grupo consolidable de entidades de crédito, también se integrarán:

 

  • 1- Las participaciones representativas de los intereses minoritarios de las sociedades del grupo consolidado en la parte que se halle efectivamente desembolsada.

 

  • 2- Las reservas en las sociedades consolidadas.
    1. Las deducciones que deben hacerse de los recursos propios.

Abarcan, entre otros:

  • 1- Los resultados negativos de ejercicios anteriores y del ejercicio corriente.

 

  • 2- Los activos inmateriales integrados en el patrimonio.

 

  • 3- Las acciones, aportaciones y otros valores computables con los recursos propios de la entidad o del grupo que se hallen en poder de aquella o en el de cualquier entidad del grupo consolidable.

 

  • 4- Las financiaciones a terceros cuyo objeto sea la adquisición de acciones, aportaciones u otros valores computables como recursos propios de la entidad de crédito que las haya otorgado o de otras entidades de su grupo consolidable.
  1. Los límites en el cómputo de los recursos propios.

Se establecen según pertenezcan a las categorías de:

 

  1. Los recursos propios básicos: capital social, reservas efectivas expresas…

 

  1. Los recursos propios de 2ª categoría: financiaciones subordinadas, financiaciones de duración indeterminada…

 

Además, se establecen condiciones para la computabilidad de determinados elementos, como las reservas, fondos y provisiones.

  • Los riesgos inherentes a la actividad.

Existen distintos tipos de riesgos:

  1. Riesgo de crédito de los activos patrimoniales y de los compromisos y demás cuentas de orden.

Se valorará dependiendo de la entidad frente a la que se tengan asumidos los riesgos concretos (AGE, CCAA, BdE…).

  1. Otros riesgos.

Destacamos, entre otros:

  • 1- Riesgos ligados a la cartera de valores de negociación.
  • 2- Riesgos de tipo de cambio.
  • 3- Riesgos de tipo de interés y de liquidez.
  • 4- Grandes riesgos.

 

  • Medidas para garantizar la efectividad.

Pueden ser de un doble carácter:

  • Medidas preventivas.

Cuando un grupo consolidable o una entidad de crédito presente un déficit de recursos propios respecto de los mínimos requeridos, deberá:

 

  1. Informar con carácter inmediato al BdE.

 

  1. Presentar un programa en el que se concreten sus planes tras retornar al cumplimiento de aquél coeficiente.

 

Hay 2 posibilidades:

 

  1. Si el déficit es > 20% de los mínimos requeridos: deberán destinar a reservas la totalidad de los beneficios o excedentes netos.

 

  1. Si el déficit es = o < 20% de los mínimos requeridos: se someterá la distribución de los resultados a la previa autorización del BdE.
  • Medidas represivas.

Se trata de la responsabilidad administrativa exigible a las entidades de crédito que incumplan las obligaciones de solvencia y a sus administradores y directivos.

  1. La contabilidad.
  • Regulación.

Las entidades de crédito tienen una normativa contable especial, que parte del Art. 48.1 LDIEC, el cual faculta al Ministro de Economía para establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deben sujetarse el balance y la cuenta de resultados, tanto de las entidades de crédito como de los grupos consolidables de entidades de crédito. Además, el Ministro de Economía puede disponer la frecuencia del detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados a las autoridades administrativas encargadas de su control.

El ejercicio de esta facultadas exigirá que los criterios de publicidad a la hora de hacer públicos los datos por las entidades de crédito sean:

 

  • homogéneos para todas las entidades de la misma categoría;

 

  • análogos para las entidades de diversa categoría.
  • Sistema de fuentes.

La jerarquía en la aplicación de las normas es la siguiente:

 

  • Circular 4/1991.
  • Capítulo VII de LSA.
  • Código de Comercio.
  • Plan General de Contabilidad.
  • Principios generales de la normativa contable.

Los encontramos, sobre todo, en la Circular 4/1991, y consisten en:

  • La adaptación de los criterios generales del Plan General de Contabilidad al negocio bancario.

 

  • La primacía de la prudencia valorativa en la contabilidad bancaria, en cuanto se trata de proteger los fondos ajenos que captan las entidades de crédito en el ejercicio de la actividad habitual.
  • Alcance subjetivo de la normativa contable.

Es doble, puesto que se extiende a las entidades de crédito individualmente consolidadas y a los grupos consolidables de entidades de crédito.

  • Aspectos específicos de la contabilidad bancaria.
  • Prudencia valorativa.

Se establecen los principios de:

  1. precios de adquisición;
  2. devengo;
  3. uniformidad;
  4. contabilización de derechos y obligaciones desde su origen;
  5. no compensación de saldos;
  6. no aplicación del principio de importancia relativa.

 

Además, deben tenerse en cuenta, entre otros:

 

  • 1- Criterios generales de valoración de las partidas del activo y del pasivo.

 

  • 2- Criterios sobre conversión de moneda extranjera.

 

  • 3- Criterios de control de gestión.
  • Tratamiento contable de determinadas partidas.

Destacamos:

 

  • 1- El tratamiento contable de los riesgos, en especial de los fondos especiales y del riesgo de crédito.

 

  • 2- El tratamiento contable de los compromisos por pensiones de las entidades de crédito.

 

  • 3- El tratamiento contable de la movilización de activos financieros.
  • La integración de sucursales.
  • Cuentas de las entidades de crédito.
  • El balance.

Está integrado, entre otros, por:

 

  • 1- Partidas de caja y depósitos en bancos centrales.
  • 2- Cuentas de compensación bancaria.
  • 3- Arrendamientos financieros.
  • 4- Valores de renta fija y representativos de capital.
  • 5-
  • 6- Activos inmateriales.
  • 7- Gastos amortizables.
  • 8- Acreedores personales.
  • 9- Emisión de valores negociables.
  • La cuenta de pérdidas y ganancias.

Especialmente de:

 

  • 1- Productos y costes financieros.
  • 2-
  • 3- Beneficios y pérdidas por operaciones financieras.
  • Presentación de los estados contables y financieros.

Se establecen reglas generales de presentación ante el BdE, diferenciando:

  • Los estados reservados.

Se establecen determinadas previsiones generales y modelos específicos de su presentación para las cooperativas de crédito y otras entidades, así como para los grupos consolidables de entidades de crédito.

  • Los estados públicos.

Se ofrecen las cuentas anuales de las entidades de crédito, otras cuentas públicas y las cuentas consolidadas públicas.

  1. Las participaciones significativas.
  • Regulación.

Se encuentra en la LDIEC y en el RD 1245/1995, además de la LMV.

La participación significativa en una entidad de crédito española es:

 

  1. Aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 5% del capital o de los derechos de voto de la entidad.

 

  1. Aquella que, sin llegar al 5%, permite ejercer una influencia notable en la entidad, es decir, posibilita nombrar o destituir algún miembro del consejo de administración de la entidad de crédito.
  • Control de las participaciones significativas.
    • Se ejerce por el Banco de España cuando se producen los 2 movimientos principales:
  • Las adquisiciones de participaciones significativas.

Se deberá informar al BdE de:

 

  • 1- Cualquier adquisición de una participación significativa que una persona física o jurídica pretenda realizar, directa o indirectamente, en una entidad de crédito.

 

  • 2- Cualquier incremento de la participación ostentada:

 

  • que le lleve a superar las barreras del 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 40%, 50%, 66%, 75%;

 

  • siempre que se pretenda llegar a controlar la entidad de crédito.

La comunicación deberá referirse a:

 

  • 1- La cuantía de la participación.
  • 2- Las condiciones de adquisición.
  • 3- El plazo de la operación proyectada.

 

El BdE podrá oponerse a la comunicación en los 3 meses siguientes a recibir la información, alegando falta de idoneidad del adquirente.

 

Cuando intervienen factores de extranjería existen una serie de especialidades:

 

  1. Si, como consecuencia de la adquisición, la entidad de crédito fuera sometida al control de una entidad de crédito comunitaria, el BdE deberá consultar a la entidad supervisora competente del Estado miembro de origen.

 

  1. Si, como consecuencia de la adquisición, la entidad de crédito fuera sometida al control de una entidad de crédito extracomunitaria, el BdE podrá:

 

  • suspender su decisión;
  • limitar sus efectos en determinadas circunstancias.

 

El cumplimiento de estas normas se refuerza mediante una serie de medidas dirigidas a desincentivar los efectos beneficiosos de dichas infracciones.

  • Las cesiones de participaciones significativas.

Existe la obligación de informar al Banco de España de las cesiones de participaciones significativas que conduzcan a una persona física o jurídica a:

 

  1. Reducir su porcentaje de participación en el 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 40%, 50%, 66%, 75%.

 

  1. Dejar de tener una participación significativa en una entidad de crédito.

 

  1. Dejar de controlar dicha entidad.
    • El deber de comunicación al BdE de las adquisiciones o cesiones se impone:

 

  • 1- A las personas físicas o jurídicas que las realicen.

 

  • 2- A las entidades de crédito cuyo capital o control se verá afectado por dichas adquisiciones o cesiones, que será:

 

  1. Un deber de comunicación concreto cuando tengan conocimiento de que la adquisición o cesión traspasa los nivele previstos.

 

  1. Un deber de información periódica, que será trimestral.
  • Medidas preventivas o represivas de las situaciones de influencia dañosa.

 

El Ministro de Economía, a propuesta del BdE, podrá:

 

  • 1- Adoptar las medidas de suspensión de derechos políticos correspondientes a las participaciones significativas.
  • 2- Acordar la intervención de la entidad.
  • 3- Acordar la sustitución de los administradores.
  • 4- Excepcionalmente, revocar la autorización.
  1. CONTROL PÚBLICO DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

La regulación del control público de las entidades de crédito esté contenida en:

 

-Art.43 bis del la LDIEC

-Art.3.9 de la ley 3/1994

-Art. 6 del RD 1298/1986.

 

Además debe tenerse en cuenta que el Art. 7.6 de la ley 13/1994, de autonomía del Banco de España, atribuye a éste el deber de supervisar la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de créditos y cualquiera otras entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida.

 

Conforme al Art. 4.3 bis de la LDIEC el BE es competente para supervisar dos tipos de entidades de crédito:

 

1º Las entidades de crédito autorizadas en España y cualquier oficina o centro que tenga dentro o fuera del territorio nacional. Se extiende dicho control a los grupos consolidables de entidades de crédito.

 

2º las sucursales de entidades de crédito autorizadas en otros estados miembros de la CE. Esta competencia se extiende a las sucursales de establecimientos financieros de créditos autorizados por otros estados de la CE. Tb la inspección del BE podrá alcanzar a las personas españolas que controlen entidades de crédito de otros estados miembros de la  CE.

 

Las funciones de supervisión del Banco de España sobre entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito deben ejercerse bajo el principio de coordinación que se refiere a dos grandes ámbitos:

 

 

  • Externo o internacional:

 

Que puede ser:

 

  1. Comunitario, donde el BE colaborará con las autoridades supervisoras de los mercados bancarios en Estados extranjeros y podrá comunicar les informaciones sobres dirección, gestión y propiedad de estas entidades así como las informaciones que puedan facilitar el control de la solvencia de las misma.

 

  1. Extracomunitario, en el que este intercambio o coordinación informativa se someterá  a principio de reciprocidad (art. 6.1 de RD 1298/1986).

 

  • Interno o nacional:

 

Que se refiere a la colaboración del BE con las siguientes entidades:

 

Las cortes generales, las autoridades judiciales, las CCAA, la CNMV. Teniendo en cuenta en este último caso (CNMV), dos ámbitos:

 

  • en primer lugar y desde un ámbito objetivo, las facultades de supervisión e inspección del BE se ejercen sobre el mercado de Deuda pública en anotaciones, sus miembros y los titulares de cuentas a nombre propio y las entidades que actúan en dicho mercado, así como sobre el mercado hipotecario.

 

  • En un segundo término y desde un punto de vista subjetivo, el BE supervisará las actividades relacionadas con el mercado de valores que realicen las entidades inscritas en los registros a su cargo y, en particular, las entidades de crédito que tiene una capacidad operativa universal en el ámbito del mercado de valores conforme a lo establecido en el Art.65 de la LMV. Cuando confluyan las competencias de inspección y supervisión de la CNMV con las del BE, ambas entidades coordinarán sus actuaciones bajo el principio de que la tutela de la solvencia de las entidades financieras recae sobre la institución que mantenga el correspondiente registro y al del funcionamiento de los mercados de valores corresponde a la CNMV

 

 

  • 1. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

Su regulación viene establecida en el Título I de LDIEC. El Régimen de la responsabilidad administrativa de las entidades de crédito puede explicarse como una ecuación de tres factores: sujetos sometidos, infracciones y sanciones; de modo que cuando un sujeto sometido al régimen sancionador comete una infracción, la consecuencia es la sanción. Explicaremos cada uno de estos tres elementos:

 

 

Distinguiendo entre:

 

  1. Personas jurídicas: Entidades de crédito autorizadas en España, sucursales abiertas en España por entidades de crédito extranjeras y personas jurídicas con participación significativa en entidades de crédito

 

  1. Personas Físicas: quienes ostenten cargos de administración o de dirección de las entidades de crédito, y personas que posean una participación significativa.

 

  • Infracción:

 

Nos referimos a la infracción de normas de ordenación y Disciplina bancaria.

 

Se clasifican en:

 

  1. Según la gravedad: infracción muy grave, grave y leve

 

  1. Según el tipo de conducta infractora, se clasifican en:

 

  • Actividades o actuaciones irregulares: ejemplo: fusiones, absorciones, escisiones, adquisiciones…

 

  • Incumplimiento de obligaciones económicas o de solvencia: carencia de contabilidad, incumplimiento de obligaciones de auditoría de cuentas…

 

  • Infracciones relacionadas con las autoridades de control público: por ej. Negativa o resistencia a la actividad inspectora

La calificación de una conducta determinada como infracción grave o muy grave depende, en el caso de infracciones cuantificables, de la cuantía de dichas infracción en forma de porcentaje de desviación del cumplimiento de obligaciones legales; y, en caso de infracciones cualitativas o no cuantificables, la gravedad de la infracción dependerá de su carácter ocasional o reiterado.

 

  • Sanción:

 

Existen dos grandes tipos de sanciones que son las patrimoniales y las personas y se pueden imponer tanto a las entidades de crédito como a quienes ejerzan cargos de administración o dirección de las, mismas y sean responsables de las infracciones.

 

La instrucción de los expedientes sancionadores corresponde siempre al BE que, además, impondrá las sanciones por infracciones graves y leves, mientras que será el Ministerio de Economía quien impondrá las sanciones por infracción muy graves, excepto la de revocación de la autorización que se impondrá al Consejo de ministros.

 

¿Cómo se imponen las sanciones?

 

  • En primer lugar debe tenerse en cuenta que tipo de sanción se graduará, dentro de la horquilla prevista en cada categoría por infracción muy grave, grave o leve, conforme a ciertos criterios cuando se trata de las entidades de crédito o se trate de los administradores o directivos.

 

  • En segundo lugar, el procedimiento sancionador seguirá el curso previsto en el titulo IX de la Ley 30/92, el Rgl para el ejercicio de la potestad sancionador 1398/1993 y el rgl aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros aprobados por RD2119/1993 y el cap V de la LDIEC.

 

Conforme a estas normas procedimentales, el expediente sancionador se inicia con un acuerdo de incoación; seguido por un pliego de cargos, al que contestarán los presuntos responsables en un plazo de veinte días; una propuesta de resolución , de la que se dará audiencia a los presuntos responsables por otro plazo igual de veinte días; y culmina con una resolución sancionadora.

  • 2. LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

Estas medidas están reguladas en el título III de la LDIEC y responden a la necesidad de prevenir las crisis económicas de las entidades de crédito , dadas las gravísimas consecuencias que estas crisis bancarias  tienen no sólo para las propias entidades afectadas y su clientelas, sino para la confianza del público en el sistema bancario.

 

Las medidas de intervención  y sustitución se acordarán por el BE, dando cuenta razonada de su adopción al Ministro de Economía por propia iniciativa o a petición fundada de la propia entidad. El principio general es que los acuerdos de intervención o sustitución se adoptarán previa audiencia de la entidad de crédito interesadas durante un plazo no inferior a cinco días, si bien tal audiencia no resultará necesaria en el caso de que haya precedido petición de la propia entidad o si el retraso que implica dicha audiencia comprometa gravemente la medida y los intereses económicos afectados. (Art. 33de LDIEC)

 

Dado que la finalidad de las medidas de intervención y sustitución consiste en prevenir situaciones de crisis económica, los supuestos o causas que pueden motivar su adopción consisten en:

 

  • En una situación de excepcional gravedad de una entidad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia.

 

  • Cuando se efectúe una adquisición de participaciones significativas sin haber informado previamente al BE.

 

  • El ministerio de economía podrá acordar la intervención de las operaciones de liquidación en caso de que se disuelva una entidad de crédito con un número de afectados.

 

Cuando se den las anteriores situaciones el BE podrá acordar dos tipos de medidas:

 

  • Medidas de intervención: consistentes en el nombramiento de una o varias personas que ejerzan las funciones de intervención, de modo tal que los actos y acuerdos de cualquier órgano de la entidad de crédito afectada no serán válidos no podrán llevarse a efecto sin la aprobación expresa de los interventores designados
  • Medidas de sustitución: del órgano de administración, consistentes en la designación de la persona o personas que deban actuar como administradores provisionales que, además, tendrán el carácter de interventores respecto de los actos o acuerdos de la junta o Asamblea general. En este caso, queda en suspenso la obligación de formular las cuentas anuales de la entidad.

 

Por último, existen otras normas procedimentales relativas a las medidas de intervención y sustitución. Así, podrán adoptarse durante la tramitación de un expediente sancionador o con independencia del ejercicio de la potestad sancionadora y, cuando cese la medida de sustitución, los administradores provisionales procedan a convocar inmediatamente la Junta o asambleas de la entidades de créditos.

  • 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Desde principios de la década de los 80 ha venido preocupando a las autoridades financieras de los Estados desarrollados la utilización de los sistemas financieros para el Blanqueo de capitales , entendiendo por tal la adquisición, utilización , conversión y transmisión de bienes que procedan de actividades delictivas relacionadas con la s drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y ,en general, con las actividades delictivas realizadas por bandas o grupos organizados.

 

La prevención de ello se intenta conseguir mediante la imposición de ciertas obligaciones informativas a una serie de intermediarios financieros. Por tanto, la estructura del sistema de prevención se basa en tres elementos:

 

  1. a) Los intermediarios financieros que quedan sujetos a las obligaciones legales son entidades de crédito, entidades aseguradoras del ramo de vida, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, casinos de juego, las entidades e promoción inmobiliario..

 

  1. b) A éstos se les imponen obligaciones tales como exigir la identificación de sus clientes en el momento de entablar relaciones de negocio, colaborar con el servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias… etc.

 

  1. c) Para garantizar el cumplimiento de tales obligaciones se establece un régimen sancionador. Si las infracciones cometidas se califican como graves o muy graves se generará la responsabilidad administrativa, la cual se concreta en una serie de sanciones tanto de carácter personal como pecuniario.

 

Las competencias sancionadoras para instituir los expedientes corresponden a la  secretaria de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. El consejo de ministros será el competente para imponer las sanciones por infracciones muy graves , a propuesta del Ministro de  economía , a quien compete imponer sanciones graves.

 

La gestión del sistema de prevención, esto es, la dirección, impulso, coordinación e información sobre las actividades de prevención de blanqueo de capitales corresponde a la Comisión de Prevención de Capitales e infracciones Monetarias dependiente de la secretaría de Estado de Economía.

  1. FONDOS DE GARANTÍA DE DEPÓSITO.
    1. Regulación.

Resulta evidente que la crisis económica de una entidad de crédito tiene un efecto nocivo sobre la economía de un país de mucho mas alcance que el de cualquier empresa.

 

Es por ello por lo que se intentan prevenir las crisis bancarias mediante las medidas de intervención y sustitución de las entidades de crédito.

 

Sin embargo , en ciertas situaciones, aquellas crisis no se pueden evitar y, entonces, es necesario adoptar medidas especiales y crear mecanismos que permitan reflotar, cuando sea posible, alas entidades afectadas y, en todo caso, garantizar la protección de determinados colectivos, como son sus trabajadores y sus clientes.

 

A esta finalidad atiende los Fondos de Garantía de Depósito que, nacidos con el propósito limitado que indica su denominación, han ampliado sus objetivos para constituirse en mecanismos de gestión de las crisis bancarias.

 

La regulación de estos fondos de Garantías de Depósitos en nuestros ordenamiento ha pasado por tres etapas:

 

1º/ Una etapa de creación dispersa, que nace con la constitución del fondo de Garantía de Depósitos Bancarios y se desarrolla con los FGD de Cajas de Ahorrs y en Cooperativas de créditos.

 

2º/ Una etapa de consolidación integradora, como consecuencia de la promulgación de la Directiva 94/19/CE, del parlamento europeo y el consejo relativa a los sistemas de garantías de depósito; que fue primeramente traspuesta a nuestro ordenamiento mediante el RD-ley 12/95 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y después, por RD 2606/96 sobre FGD de entidades de crédito.

 

3º Una etapa de inserción en el sistema de indemnización de los inversores y de consiguientes ampliaciones de cobertura. La publicación de la directiva 97/9/CE, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores ha obligado a adaptar de nuevo el régimen de estos FGD para integrarlos en el sistema de indemnización de los inversores que se realizó por el RD 948/2001.

 

Los FGD en establecimientos bancarios, cajas de ahorros y cooperativas de crédito tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el desarrollo de sus fines, en régimen de derecho privado y sin sujeción a las normas reguladoras de los organismos públicos.

1º/ La estructura personal de estos fondos se basa en las entidades integradas en los mismos, debiendo adherirse a los respectivos Fondos de entidades de créditos inscritas en los registros especiales del BE, correspondientes a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito y existiendo un régimen especial para las sucursales de entidades de créditos extranjeras.

 

Las entidades de crédito españolas que no realicen debidamente sus aportaciones al Fondo al que estén adheridas, no contribuyan a las eventuales derramas o incumplan las obligaciones previstas legalmente podrán ser excluidas del mismo tras el requerimiento pertinente. Asimismo, una sucursal de una entidad de crédito de un país de la UE que incumplan las obligaciones puede ser excluida cuando la autoridad supervisora de su Estado de origen lo autorice.

 

Los Fondos serán regidos y administrados por:

 

  • Una comisión Gestora integrada por 8 miembros nombrados por el Mº Economía:

 

  • 4 en representación del BE y

 

  • 4 en representación de las respectivas entidades de crédito adheridas a dichos Fondos.

 

  • Duración del mandato será de 4 años renovables y

 

  • los representantes de las entidades de crédito adheridas cesará por:

 

  • expiración del término,
  • por renuncia aceptada por el ministro de eco,
  • o por separación acordada por este último.

 

  • Las comisiones gestoras se reunirán por convocatoria de su presidente y determinará las normas de su propio funcionamiento pudiendo acordar delegaciones. Tales comisiones tendrán como funciones la de información y asesoramiento al BE en las normativas de competencia del fondo respectivo y en la aprobación de las cuentas de dichos fondos.

 

2/ Las estructuras patrimoniales de sesos fondos se integra por las aportaciones anuales de las entidades respectivas que deben alcanzar el 1% en caso de Cooperativas de crédito, el 0,4 por mil en el caso de cajas de ahorros, y el 0,6 por mil en el caso de bancos, de los depósitos existentes al final de cada ejercicio, incluyendo los depósitos de dinero garantizados y los valores garantizados, en los términos reglamentarios.

    • La función principal de los FGD consiste, en garantizar la restitución de una parte de a suma dineraria correspondiente al crédito que tiene los depositantes frente a las entidades respectivas en caso de insolvencia.

 

Esta función puede explicarse en torno a dos preguntas:

 

  1. ¿Qué alcance tiene la garantía?

 

El importe garantizado de los depósitos tendrá como límite 20.000 euros. Este límite se aplicara por depositante, sea persona natural o jurídica y cualesquiera que sena el número y clase de depósito en los que figure como titular de la misma entidad.

 

  1. ¿Cómo opera dicha garantía?

 

Los Fondos satisfarán a sus titulares el importe garantizado de los depósitos de efectivos o de los valores o instrumentos financieros susceptibles de cobertura cuando:

 

  • la entidad de crédito en cuestión haya sido declarada en estado de quiebra

 

  • cuando se tenga judicialmente por solicitada la declaración de suspensión de pagos

 

  • cuando el BE lo determine por haberse producido impagos de depósitos vencidos y exigibles o concurran situaciones en las que las entidades afectadas esté imposibilitada para restituirlos y sin perspectivas de poder hacerlo en un futuro inmediato.

 

Producida cualquiera de las tres situaciones señaladas, los fondos respectivos deberán estar en condiciones de satisfacer las reclamaciones comprobadas en un plazo de tres meses, pudiendo solicitar al BE hasta prórrogas de plazos no superiores a tres meses, indicando las razones de la solicitud.

 

El pago de los depósitos garantizados no se extenderá a los efectuados con posterioridad a la fecha en la señalados y el efecto del pago de los importe garantizados consiste en que los fondos se subrogarán, legalmente, en los derechos de los depositantes con un importe equivalente a los pagos realizados.

 

  • La segunda función es la de adoptar medidas preventivas de saneamiento cuando sea previsible la crisis bancaria tendentes a facilitar la viabilidad de la entidad para superar tal crisis, en el marco de un plan de actuación acordado por la entidad y aprobado el BE. Dicho plan de actuación podrá comprender las siguientes medidas: ayudas financieras a fondo perdido, concesión de garantías, préstamos en condiciones favorables, financiación subordinada…

 

  • La última función que pueden desarrollar los FGD consiste en actuar como órganos concursales de las entidades de crédito respectivas de tal modo que:

 

1º cuando un banco, caja o cooperativa de crédito se presente en suspensión de pagos, los dos interventores serán designados de las listas que, con este objeto, remita el fondo respectivo o cuando se haya sustituido o suspendido a los órganos de administración de la entidad suspensa, el administrador será el propio FGD.

 

2º Cuando un banco, caja o cooperativas de crédito se declare en estado de quiera, las funciones de comisario, depositario o síndico serán asumidas por el FDG respectivo.

 

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